Finanzas sanas, impuestos justos.

Finanzas sanas, impuestos justos.

Creemos que debe avanzarse en medidas que generen orden y equidad y simplifiquen el sistema tributario, de modo de dar más previsibilidad al sector productivo haciendo más eficaz y transparente la gestión del gobierno.
El gobierno nacional ha logrado ordenar medianamente sus cuentas fiscales en base a cinco años consecutivos de crecimiento y a la apropiación de recursos tributarios que debería compartir con los Estados provinciales, aunque ya se empiezan ver signos a resentimiento de las mismas, como consecuencia de no haber tomado las medidas correctas en los momentos indicados.

La provincia de Buenos Aires, en cambio, no ha podido replicar esa situación en sus cuentas, sólo logró un resultado positivo en el 2004, como consecuencia – sobre todo – del desinterés que ha demostrado el gobierno en el reclamo de los recursos que corresponden a la provincia por coparticipación, y que fueron prometidos en reiteradas ocasiones, tanto en campaña electoral como durante su mandato, por las actuales autoridades del Gobierno Nacional.
Para el 2009 se presupuestó un resultado negativo del orden de los $3.000 millones, pero pasados apenas unos meses está previéndose un déficit bastante superior a esa estimación, ya que no se tuvieron en cuenta los incrementos salariales que ya se han otorgado.
Esto provoca que se recurra casi automáticamente a la Nación en busca de auxilio financiero. Por ello, de la deuda total de la provincia un 61 % tiene como acreedor al gobierno nacional, lo que naturalmente disminuye en grado notable la independencia fiscal bonaerense.
Teniendo en cuenta este contexto, proponemos:

1) Plantear la discusión de una nueva Ley de Coparticipación Federal de impuestos, para conformar un país realmente federal que les permita a las provincias ser verdaderamente autónomas del gobierno nacional. La primer pauta para poder dar la discusión de esta nueva Ley de Coparticipación será asegurar un “piso de recursos” a las provincias igual o mayor al que reciben actualmente, siendo esta una condición básica para poder iniciar la postergada discusión de la Ley. Los principios rectores de la futura ley de coparticipación serán: (1) la “bolsa única de recursos”, que comprenda a la totalidad de los impuestos nacionales, (2) criterios racionales y explícitos de distribución entre la Nación y las provincias y entre éstas recíprocamente, con atención a la necesaria solidaridad mutua.

2) Trabajar para restituir el 15% a la Masa Coparticipable, que hoy se destinan a al financiamiento del ANSES. Esta detracción tuvo su origen en la creación del Régimen de AFJP y el déficit que generaría en el ANSES el flujo de aportes que iría a las Administradoras, situación que ha desaparecido con la vuelta al Estado de todo el Sistema de Jubilaciones. Esta modificación implicaría un incremento para las provincias de $9.800 millones, y para la provincia de Buenos Aires cerca de $2.000 millones.

3) Promover la coparticipación total del “impuesto al cheque” y distribución a las provincias de los ingresos por retenciones para ser aplicados a fines productivos y reducción progresiva de las mismas.

4) Exigir al Gobierno Nacional que distribuya los fondos en concepto de ATN’s de acuerdo a lo que establece la Ley, distribuyéndolos en función a las solicitudes de las provincias, con criterios objetivos, evaluando las necesidades de cada una de las provincias, el impacto de los proyectos, etc. Todo esto con el objetivo de atender las diversas situaciones de emergencia y desequilibrios financieros. Asimismo, exigiremos que los ATN´s no distribuidos se pongan a disposición de las jurisdicciones provinciales para financiar proyectos específicos (Seguridad, Educación, Salud, Empleo, etc.).

5) Propiciar un Acuerdo Provincia – Municipios para la armonización tributaria, estableciendo compromisos y beneficios para las jurisdicciones municipales adheridas.

6) Establecer pautas que garanticen la equidad y simplificación del sistema tributario provincial.

7) Garantizar la eficiencia en la gestión de ARBA, perseguiendo la evasión y no la mera morosidad.

8) Normalizar las remuneraciones de los empleados públicos, lo que permitirá a éstos acceder a una jubilación digna y acorde a sus ingresos como activos. Debe ser un ejemplo de trabajo y salarios “en blanco”. Para ello consensuaremos un esquema progresivo de normalización. Incorporaremos conceptos que hoy no están contenidos en el sueldo básico y que, por ende, no son tenidos en cuenta a la hora de calcular la antigüedad y el haber jubilatorio, los mismos pasarán a integrarlo, en un contexto adecuado de colaboración y coherencia fiscal que permita afrontar este costo sin perjudicar ni poner en riesgo el resto de los bienes y servicios que debe proveer el Estado provincial.

9) Crear un nuevo marco de compras y contrataciones. Promoveremos un nuevo esquema para las compras y contrataciones. La provincia necesita un gobierno ágil y transparente, por esto proponemos:
(a) garantizar la informatización y comunicación de todos los procesos
(b) crear un registro informatizado de proveedores, precios de referencia y catálogos electrónicos
(c) implementaremos, en aquellos casos en que los que se puedan conseguir economías de escala, la centralización de compras y
(d) fomentar