Seguridad y Justicia

Una Provincia Justa y Segura para Todos.

Las estadísticas informan que el 28 % de los delitos registrados en la Argentina ocurre en territorio bonaerense. A ello hay que añadir que sólo uno de cada cuatro delitos es denunciado y, de los denunciados, solo el 2% finaliza con una condena firme.

Con miras hacia una auténtica solución, nuestra propuesta abarca tres componentes que consideramos deben ser abordados simultáneamente: las fuerzas policiales, la justicia y la situación carcelaria.

Teniendo en cuenta estos componentes, proponemos:

1) Crear un modelo policial proactivo centrado en la PREVENCIÓN, con patrullaje y mayor presencia policial. Es necesario asignar a las tareas de vigilancia, patrullaje y asistencia más y mejores efectivos policiales. Esto significa una mayor cantidad de policías EN LAS CALLES, con sueldos adecuados a su responsabilidad y con los vehículos, las armas, los uniformes, la capacitación y la tecnología necesaria para desempeñarse correctamente. Mejorar las condiciones operativas de la Policía provincial es una condición necesaria para comenzar a devolverle el prestigio perdido.

2) Incorporar fiscales debidamente preparados para la persecución de delitos complejos, el esclarecimiento de un mayor número de delitos exige una mejora en las investigaciones. Es necesario poner en marcha la Policía Judicial para que sea la encargada de asistir a la justicia en sus investigaciones proveyendo el personal capacitado y los recursos técnicos y científicos.

3) Reducir la cantidad de armas en circulación, sobre todo, en el mercado negro. Existen en la Provincia de Buenos Aires alrededor de 1.500.000 armas en situación ilegal, deben censarse las armas registradas, verificar los permisos vencidos y elevar los requisitos de aptitud física y psicológica para obtener las autorizaciones. Los depósitos militares, policiales y judiciales de armas deben ser frecuentemente inspeccionados para controlar sus inventarios. Además, debe establecerse un cronograma permanente de destrucción de armas secuestradas.

4) Coordinar y controlar la seguridad privada. Hay en la Provincia, alrededor de 45.000 vigiladores privados registrados y una cifra mayor no registrados. Las autoridades no los controlan, como tampoco controlan a las empresas que los emplean; además no hay coordinación con la policía. Debemos crear los canales necesarios para que la seguridad pública y la privada estén en permanente contacto y así mejorar la detección temprana de delitos y su correspondiente sanción.

5) Promover los juicios penales íntegramente orales, para agilizar y transparentar las decisiones judiciales. Es necesario un rediseño organizacional del funcionamiento de la Justicia Penal a través de las audiencias. Se deben agilizar al máximo los procedimientos en el ámbito de la justicia y para ello “desformalizarse” el proceso penal mediante la oralización de todas sus etapas.

6) Mejorar la estructura del Ministerio Público con más capacitación, más recursos humanos y mayor infraestructura. Es necesario crear unidades especiales para delitos complejos y drogas; unidades para causas con autores ignoradas y habilitar nuevos canales de denuncia.

7) Promover la informatización y digitalización de las cuestiones atinentes a la seguridad. La era de la información debe llegar a la administración de la Provincia de Buenos Aires mediante el acceso online a registros de antecedentes, pedidos de captura, reincidencias, huellas digitales, etc.

8) Implementar una política integral para jóvenes en conflicto con la ley. Es necesario crear espacios de contención y asistencia. Debemos implementar en forma urgente programas de tratamiento coordinados por personal interdisciplinario capacitado para la contención de los jóvenes y su entorno familiar, creando instituciones especializadas que asistan a la salud física y mental de los jóvenes y aplicando políticas de reinserción escolar y apoyo a las familias de bajos recursos.

9) Efectuar un “Plan edilicio de emergencia en las cárceles”. La Provincia necesita urgentemente 10.000 nuevas plazas para solucionar la sobrepoblación y el hacinamiento. Poner en marcha programas de
educación y trabajo que cumplan con el objetivo resocializador.

10) Promover campañas de información para padres y alumnos en las escuelas, que informen qué derechos asisten a la población y cuáles son los modos de ejercerlos. Conocer los derechos es una condición necesaria para ejercerlos. Para que la gente vuelva a tener confianza en las instituciones estatales es preciso acercar la justicia a cada ciudadano a través de la información y la contención.