La Presidenta dice que está “preocupada” por lo ocurrido entre trabajadores ferroviarios y manifestantes políticos. Consideramos que no alcanza con lanzar comentarios una vez ocurridos los hechos: es hora de ocuparse en serio de los problemas urgentes de la Argentina. Al igual que sucede con la inseguridad, lo ocurrido ayer es una demostración más de que el gobierno suele llegar tarde.El gobierno es perfectamente consciente y ha avalado metodologías reñidas con la cultura democrática y la resolución negociada de conflictos. Y eso incluye de manera protagónica a sectores gremiales cercanos a sus intereses.
No sólo conoce el Gobierno esta realidad, sino que la alimenta a diario al brindarle su aval a las conductas que éstos realizan, en numerosas oportunidades en contra los intereses del conjunto de la sociedad.
El kirchnerismo ha instalado una forma de conducción y una práctica de gobierno basada en la disputa, la intolerancia, la agresión y la división de la sociedad. Es inevitable que esta tendencia se traslade al pueblo y a las instituciones.
Es tiempo de bajar este nivel de confrontación, de decirle basta a esta lucha de argentinos contra argentinos. La mayoría del pueblo reclama un gobierno de dialogo y moderación, y que se haga cargo de las problemáticas más urgentes.
No podemos admitir que un dirigente gremial, como ha hecho Hugo Moyano, plantee livianamente que si gana las elecciones un candidato que no sea de su gusto va a ir “con los pibes a Plaza de Mayo a protestar”. Tampoco debemos seguir tolerando que, en lugar de resolver los conflictos a través de las instituciones, un sector del sindicalismo se arrogue la facultad de bloquear empresas y servicios públicos para lograr su cometido. Los conflictos no se arreglan a las piñas ni utilizando la coacción.
Desafortunadamente, lo ocurrido ayer no es nuevo: es la continuidad lógica de una conducta oficial que se resiste a ejercer la autoridad democrática y a la vez hace la vista gorda a los excesos propios o de sus aliados: protección a aquellos que toman comisarías, bloqueos y aprietes a empresarios desde el sindicatos o desde el mismo estado, escraches a periodistas y ataques a la prensa, se han naturalizado peligrosamente.
Finalmente, la correcta premisa de no criminalizar la protesta se tradujo erróneamente en inacción de las autoridades públicas y de las fuerzas de seguridad. Cuando esto ocurre, el estado de derecho cede terreno a manos de la anarquía. En el día de ayer, la sociedad toda presenció cómo la policía decidió no intervenir para detener una batalla campal desatada frente a sus narices.
Si realmente está preocupada por la salud de nuestra democracia, la Presidenta debería coordinar acciones urgentes y a su vez hablarle al pueblo para contarle qué piensa hacer para fomentar la resolución negociada de conflictos, para bajar el delito, la inseguridad y el narcotráfico, y para crear condiciones reales de progreso social para todos los argentinos.
Si realmente está preocupada, la presidenta debería anunciar hoy mismo que va a llamar al diálogo democrático, abandonando la confrontación como metodología de gobierno, y llamando a discutir y a renovar el modelo sindical argentino.
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