Para que la sociedad recupere la confianza en la justicia, entre otras cosas, es necesario que se reformule el sistema procesal penal en su totalidad.
Reorganizar la estructura de las fiscalías, redistribuir las funciones de los fiscales, funcionarios y empleados. Acercar el Ministerio Público a la sociedad.
El servicio de justicia debe tender a la excelencia y a la eficiencia en todos sus aspectos, para que el ciudadano común pueda sentirse protegido.
Es necesario llevar a cabo un rediseño organizacional. No sólo en los recursos humanos, sino en la infraestructura edilicia y tecnológica. Capacitaciones para que los fiscales cuenten con un rol protagónico, y de esta manera llevar adelante investigaciones exitosas.
Este tipo de cambios implica asignar recursos en áreas que hoy son dejadas de lado o que no han sido sostenidas con la cantidad y calidad necesarias, como por ejemplo, las investigaciones de delitos complejos.
Se deben distribuir los recursos de tal manera que resulten eficientes para las diversas tareas que lleva adelante el Ministerio Público, desde la atención a la víctima y al testigo, como la investigación de delitos en flagrancia y también de delitos complejos.
Es de primordial importancia distinguir entre las actividades administrativas y las jurisdiccionales, de manera de evitar la recarga sobre los fiscales con cuestiones burocráticas, que entorpece y dilata la función de investigación y litigación de casos.
Por otro lado se necesita mejorar la comunicación con los otros agentes que intervienen en las investigaciones como la policía, otras fuerzas de seguridad, cuerpos de peritos, registros nacionales y provinciales y el servicio penitenciario.
Modernizar los medios de comunicación, mediante el uso de la notificación electrónica, el acceso en tiempo real a los registros, acelerando los tiempos de acceso a la información, y evitar que por meras cuestiones formales, las causas terminen archivadas.
Los métodos alternativos de resolución de conflictos deben tener un rol central, para descomprimir la carga que habitualmente atormenta a los fiscales. Con esto, se podría optimizar el tiempo para los casos que realmente necesitan investigarse a fondo.
Muchos conflictos penales podrían resolverse con rapidez y eficacia mediante métodos modernos de solución de conflictos, otorgando el doble beneficio de la reducción de burocracia y la solución rápida al planteo.
Debemos fomentar la creación de unidades de servicios comunes, que se ocupen de separar las tareas administrativas, las tareas de apoyo a la pesquisa y las tareas que son propias de la investigación.
Esto permitiría una mayor flexibilidad ante los aumentos de conflictividad.
El objetivo de esta reorganización pretende mejorar la calidad de atención a los ciudadanos, a través de oficinas especializadas, de acuerdo a las distintas necesidades y a los múltiples tipos de conflictos que llegan al Ministerio Público Fiscal.
Para avanzar en las investigaciones con características especiales o complejas es necesario crear Unidades Fiscales de Investigación especializadas, que atiendan a las circunstancias especiales de cada caso.
Los casos con autores ignorados no son lo mismo que investigaciones de delitos complejos relacionados a drogas, trata de personas, piratas del asfalto o desarmaderos.
Para acompañar la correcta implementación y funcionamiento es menester la capacitación de todos los operadores del sistema: fiscales, abogados, policías, empleados del Ministerio Público y del Servicio Penitenciario, en las nuevas herramientas y beneficios que trae aparejado el sistema acusatorio y este tipo de organización a escala.
El cambio es necesario, y adoptando un modelo a escala se generará una reforma profunda en el sistema de justicia, mejorando el servicio que se brinda al ciudadano, y se podrán perseguir y esclarecer delitos en forma eficiente, aprovechando al máximo los recursos con los que se cuenta para llevar adelante investigaciones criminales satisfactorias.
